Baruta, 03 de abril de 2018.- Engañados y burlados. Así se sienten los comerciantes, empresarios e industriales del municipio Baruta tras no recibir respuesta oportuna del alcalde Darwin González, en torno a la revisión de la metodología de cálculo de las tarifas de aseo urbano, promesa hecha el pasado 20 de marzo por el director del despacho Claudio Rippa en asamblea con los afectados.
El presidente de la Asociación de Comerciantes del Casco de Baruta, Américo de Olival, indicó que Rippa se comprometió con el gremio a ofrecer una respuesta, a más tardar, el viernes de concilio. “Estamos hablando que debimos ser convocados el 23 de marzo y hoy es 3 de abril y ni una llamada telefónica nos han devuelto”.
Por su parte, la presidente de la Junta de Condominio Piedra Azul, Griselda Reyes, enfatizó que “confiamos en quienes dicen ser líderes municipales para que nos ayuden a resolver un gran problema, porque muchos comerciantes no pueden hacerle frente a las exageradas tarifas del aseo urbano y ellos nos dieron la espalda. Señor Claudio Rippa, el día de la asamblea con los empresarios usted dijo que era un hombre de palabra y ante todos aseguró que su palabra no cae en el piso. Pues déjeme decirle que su palabra no solamente cayó en el piso sino que se encargó de mancillarla”.
Desde el mes de enero, los comerciantes, empresarios e industriales del municipio Baruta están enfrentando un incremento en 2.416% de la tarifa de aseo urbano que, de acuerdo con la empresa prestadora del servicio Fospuca, se aplicó por órdenes de la Alcaldía y el Concejo Municipal de Baruta.
Tanto de Olival como Reyes hicieron hincapié en el hecho de que la protesta no es de carácter político ni busca dañar a alguien en particular, sino que no pueden entender cómo el alcalde González y los concejales que dicen representar a la comunidad de Baruta, se tomaron la atribución de aprobar un aumento en el aseo con un parámetro no establecido en la Ordenanza de Tarifa de Aseo Urbano vigente y además sin consultarlo con el gremio que representan.
“Simplemente, la mayoría no tiene posibilidad de pagar ese aumento por un servicio que además deja mucho que desear”, puntualizaron. “Nos molesta la gente que no tiene palabra, particularmente esa gente que dice ser promotora de cambio y que marca distancia de quienes rigen el poder nacional, pero que al final actúan igual. No les interesa si los empresarios, comerciantes o industriales quiebran y cierran sus puertas”.
Ambos dirigentes gremiales coincidieron en señalar que no están pidiendo que les regalen nada, sólo que se haga justicia y se acuerden entre todas las partes las tarifas, mas no se impongan.
Problemas conexos
Reyes agregó que además se está presentando otro problema con los propietarios de locales comerciales que los han arrendado. Aun cuando les corresponde a ellos pagar los servicios básicos, estos están trasladando a los arrendatarios esa responsabilidad y además los intiman con no renovar los contratos de alquiler hasta tanto estén solventes con el aseo.
A ello se suma el hecho de que a partir del 13 de marzo, el Servicio Municipal de Administración Tributaria (Semat), está exigiendo a las licorerías la solvencia de Fospuca para renovarles la licencia necesaria para su funcionamiento, autorización que se rige por el reglamento de la Ley de Impuestos sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, en vista de que no existe una ordenanza que los ampare. Una licorería, por ejemplo, que pagaba 10 mil bolívares más el equivalente en estampillas, hoy tiene que desembolsar 13 millones por renovación de licencia.
De Olival y Reyes señalaron que en el mes recién finalizado se aprobó la reforma parcial de la Ordenanza sobre Tasas por Uso de Bienes Municipales, la cual fija el incremento de todos los aranceles de 10 UT a 110 UT y en algunos casos hasta 240.000 UT.
“Cuán difícil se le está haciendo al sector productivo mantenerse activo en este país. Aumentan los tributos, aumentan las tarifas, aumentan los costos de reposición y a nosotros se nos hace insostenible la situación porque ¿cómo trasladamos todos esos costos al consumidor o usuario final con la crisis económica que estamos viviendo? Estamos contra la espada y la pared. Sabemos que muchos se quedarán en el camino y lastimosamente tendrán que bajar santamarías y prescindir de personas que incluso tienen años trabajando para esas empresas”, argumentaron al agregar que esto tendrá un impacto negativo en los residentes del municipio por cuanto al cerrar locales habrá menos establecimientos comerciales donde adquirir sus bienes y servicios.
El cierre de empresas y comercios también se traducirá en una merma en los ingresos que por concepto de impuestos pechará la Alcaldía.
“Creemos que ellos no han pensado en eso. Más del 80% del presupuesto municipal es sostenido por nosotros los comerciantes, empresarios e industriales. Aún nos preguntamos cómo el alcalde González va a respaldar los aumentos salariales que nos dicen aprobó si verá disminuida la recaudación tributaria”.
Todo aumento que afecte el funcionamiento de comercios y empresas, debe ser consultado. “Entendemos que hay que hacer ajustes pero estos deben apegarse a la realidad de la producción del municipio”, sentenciaron.
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